El gobierno y el Grupo Clarín: El diálogo que no se da


Conflictos de intereses, Ley de servicios de comunicación audiovisual y una disputa de la opinión pública son algunas de los terrenos en los que se dirime el control del campo mediático e informativo de la Argentina. Una discusión postergada por los distintos gobiernos acerca de los medios de comunicación que resurge luego del llamado “Conflicto del Campo” y que tendrá como beneficiario a los argentinos.

En un comienzo, el Gobierno de Néstor Kirchner tuvo incidentes con la prensa. Los llamados telefónicos a las producciones, la negación a dar notas y entrevistas y las críticas constantes a las publicaciones fueron preocupación de organismos internacionales, quienes le pidieron mesura la Gobierno Argentino. El diario Clarín era uno de los pocos que resultaba elegido por Kirchner para brindar las informaciones oficiales de antemano. La buena relación quedó plasmada con la firma del ex presidente de las prórrogas por las licencias del grupo.

A los seis meses de gestión del Gobierno de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, el conflicto por las retenciones puso en discusión las importaciones, la coparticipación de los impuestos con las provincias; y de extraña manera, la credibilidad de las informaciones de Clarín, que tenía muchos negocios con el sector del campo. El kirchnerismo salió a defender el modelo y acusó al multimedio de tergiversar la información, y luego anunció la reforma de la Ley 22.285 de Radiodifusión.

Si bien existieron múltiples proyectos (cerca de 32 en total), de distinto arco político, para la reforma de la ley sancionada durante la dictadura, pocos habían avanzado en el Congreso. La decisión política estaba tomada. Varios grupos de derechos humanos, asociaciones civiles, universidades, profesionales y la Coalición para una Radiodifusión Democrática se embarcaron en el proyecto.

La sancionada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº 26.522) cumplió un año de vigencia desde su aprobación en el Congreso, y todavía no funciona completamente. Luego de una medida cautelar presentada en Mendoza por un grupo empresario, intercedió la Corte Suprema y elaboró un dictamen en el que ratifica la vigencia de la ley, con los puntos cuestionados por los empresarios y estipuló un plazo para la cuestionada medida de desinversión.

El juez Edmundo Carbone exhortó al grupo Clarín de la aplicación de los artículos Nº 41 y Nº 161 de la ley de medios. El primero impide la transferencia de licencias sin autorización, y el segundo establece un año como máximo para que las empresas se desprendan de licencias de radio y televisión que superen la cantidad establecida por la norma. La empresa argumentaba que se vería afectado su derecho de propiedad privada al cumplimentar este último punto. El diario Página/12 se refiere a la medida de Clarín de la siguiente manera:

El caso llegó a la Corte con un recurso extraordinario presentado por el Estado, que sostuvo que la medida cautelar tenía el efecto de una sentencia “declarativa de inconstitucionalidad” y se basaba en razones genéricas que paralizaban la aplicación de una ley destinada a garantizar el “acceso a espacios de difusión pluralista” al abrir el acceso a las licencias y promover la desconcentración de la propiedad de los medios. El derecho de propiedad, añadía, no es tal en este caso porque las licencias son “un privilegio temporal”, y advertía contra la Cámara, que las libertades de prensa, expresión, comunicación e información no son atributos del Grupo Clarín sino “de la comunidad en pleno”.

Página/12, “Amparo vigente, pero con limitaciones y plazos”
06/10/2010.

Sin embargo, en una medida avalada por los siete miembros del máximo tribunal, el 6 de octubre la Corte Suprema ratificó la vigencia de la Ley de Servicios Audiovisuales, a la vez dio una prórroga al plazo establecido por el artículo de la desinversión. El artículo Nº 161 seguirá suspendido, al menos por un periodo más, por lo que la obligación de vender empresas de medios seguramente sea saldada a mediados de 2011.

Para la Corte su decisión “no afecta de ningún modo la aplicación general de la ley”, inclusive la misma Presidenta declaró a través de Twitter que el fallo no habría sido redactado por Magnetto, haciendo una declaración de parcial acuerdo con la medida. Por su parte, el tribunal le aconsejó al juez de primera instancia que establezca un “plazo razonable” para resolver la cautelar y el juicio. Al respecto, el ex presidente Néstor Kirchner manifestó que un plazo razonable debería vencer en septiembre del año próximo.

Argumentos en contra plazos para las licencias aseguran que es “algo que atenta contra la inversión”. A la vez que cuestionan la modificación del derecho hereditario de las empresas de comunicaciones por interferir en la libertad de empresa, según declaró el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Horacio Rodríguez, en el medio El País de Uruguay.

 

El fallo de la Corte tiene una serie de puntos interesantes. En un primer momento, marca un grado de independencia del poder político y económico al indicar que “Para evitar ese efecto no deseado, se considera conveniente la fijación de un límite razonable para la medida cautelar”. En un segundo lugar, la decisión -aclara la misma resolución- no analiza la constitucionaldiad de ningún artículo de la ley. “Sólo la brevedad del plazo” de desinversión por lo que no es la decisión final. En tercer lugar, hace una comparación con el caso en el cual la Corte consideró que sí había gravedad institucional ya que los tribunales mendocinos habían suspendido la ley de medios con efectos generales a pedido de un legislador disconforme con la votación de la norma. Y finalmente el borrado en su idea central dice que los jueces no revocarían la cautelar por considerarse incompetentes para eso.

Papel Prensa: diferencias societarias

Por otro lado, el conflicto entre el gobierno y el Grupo Clarín se trasladó a la empresa proveedora de papel para la prensa en el país, de la cual ambos son socios. En un informe llamado “Papel Prensa: la verdad”, publicado en agosto de 2010, el gobierno denunció a los medios accionista (La Nación, La Razón y Diario Clarín) de haber cometido irregularidades en la compra de acciones, e inclusive de actuar en complicidad con la dictadura. Aunque en 2008 y 2009 también se había cuestionado a la empresa y los accionistas privados, la aprobación de la Ley de Medios agudizó las denuncias, por distintas “irregularidades” en el manejo de la empresa y la distribución del papel con los demás medios gráficos.

El grupo mediático respondió con la publicación del informe “Las claves: la estrategia oficial contra los medios”, aludiendo a un clima de agresión contra la prensa por parte del gobierno argentino. En conjunto con La Nación recurrieron a la SIP (Sociedad Interamericana de Periodismo) para denunciar un ataque desde el gobierno y denunciaron a varios funcionarios y organismos de regulación de una plan para afectar económicamente sus intereses.

Papel Prensa fue fundada en el ’72, por el gobierno peronista, para contrarrestar los costos de la importación del papel y se convirtió en un negocio mixto entre el gobierno y los principales medios gráficos.

El paro de los trabajadores y el fracaso en las negociaciones tuvo como principal motivo, según el abogado de los empleados -Caros Casini- que la empresa no había presentado una propuesta. Los trabajadores comenzaron la medida de fuerza el martes 4 de octubre por la mañana, y la disputa entre el gobierno y el multimedios volvió a la agenda. Los trabajadores pidieron que se cumpliera el acuerdo firmado en abril que les otorgaría un aumento de salario. Por su parte, los empresario aludieron a que los trabajadores son partidarios del gobierno, algo que fue desmentido por el representante legal de los trabajadores.

 

Movilización por los recursos de amparo

La movilización en contra de los recursos de amparo presentados por el grupo Clarín, ó “a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” como se autoproclamaron, reunió a una multitud que marchó hasta Tribunales.

A diferencia de como tituló el diario Perfil, en su edición del 28 de septiembre, los que se movilizaron no sólo fueron kirchneristas sino los interesados en que la ley cumpliera su vigencia, convocados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática.

Ese mismo día la noticia fue opacada por la muerte de Romina Yan, y una vez finalizada la marcha la información más importante para los medios gráficos fue las declaraciones de Hebe de Bonafini contra la Corte. Un antecedente a esta movilización fue la del 15 de abril, en la que también la titular de las madres había cargado contra el máximo tribunal.

Con una convocatoria multitudinaria los distintos medios difirieron en la cifras pero coincidieron en designar a la marcha como un apoyo a la ley. Algunos más arriesgados intentaron agudizar el eje diciendo que la marcha tenía como fin intimar a los jueces de la corte suprema. Esto último apoyado en las declaraciones de la titular de Madres de Plaza de Mayo, que fueron analizadas el día anterior y en profundidad en el programa “6, 7, 8” de Canal 7 La Televisión Pública.

Beneficios y desventajas

El nuevo marco regulatorio del espectro radiofónico trajo innumerables ventajas para la democratización de la comunicación. Algunos indirectos como la decisión de la empresa NEXTEL Argentina a ampliar su cobertura 3G y a participar de las licitaciones por el espacio radioeléctrico, lo que permitirá ampliar la cobertura en el país, según informó el portal Baquia.com. Además creará la figura del Ombudsman de las audiencias.

La ley también otorga en la figura del Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) la misión de controlar los contenidos que resulten ofensivos, degradantes o den una idea equivocada sobre algo, como fueron los bailes eróticos del programa ShowMatch, y la posterior repetición en los programas de archivo, en horarios vespertinos. De Cousandier acusan al programa de violar el articulo Nº 107, por considerarlo “representaciones explícitas de actos sexuales que no sean con fines educativos. La desnudez y el lenguaje adulto fuera de contexto” según publicó TELAM.com. La autoridad de aplicación incluso se podría sancionar a la productora con la quita del 10% de lo recaudado en publicidad hasta la quita de toda la pauta publicitaria de un mes.

Sin embargo tiene aspectos negativos como la elección de las autoridades de aplicación, todas a cargo del ejecutivo nacional. Además, en un congreso de los trabajadores de prensa en Córdoba se manifestó la disconformidad con el articulo Nº 154 y Nº 155 que estable que los locutores estén graduados del ISER, lo que consideran una medida que limita el espíritu democrático de la ley. Y denunciaron el negocio del instituto.

En el mismo sentido, la revista Fortuna web publicó un informe en el que asegura que la nueva ley aumentará los valores de la publicidad, y limitará los canges. Lo que podría afectar a la TV privada. La ley limita a 12 minutos por hora la publicidad en los canales abierto, y tienen en consideración las publicidades introducidas en la programación. Las señales propias de los cables, como el Canal 26 en el caso de Telecentro; Metro para Cablevisión en Buenos Aires, o Somos La Plata, Berisso y Ensenada en esos tres municipios, el máximo de publicidad por hora es de ocho minutos. El resto de las señales, no pueden excederse de seis minutos por hora.

Lo que está claro es que la ley vino a poner en discusión un negocio que era mantenido en silencio por los empresarios del campo informativo y la intromisión en él implicaba atentar contra la libertad de prensa. Redefinir el rol de los medios, los contenidos y la intervención del estado -a través de la regulación y la sanción- son sólo algunos de los aspectos de un debate más amplio que se ha comenzado a dar.

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