Posición oficial de la UNP ante la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual


Como universitarios mantenemos que no hay conciencia sin el desarrollo del conocimiento, ni individual ni colectivamente puede conformarse conciencia sin conocimiento válido.

También creemos que la falsa información y la información dirigida generan falsa conciencia.

Por eso, para nosotros, una ley de medios de comunicación y difusión pública es también una ley de educación.

También por eso es nuestra obligación social emitir una opinión. No la única, no la mejor, sí la nuestra, la que deviene de nuestra competencia frente a las cuestiones públicas.

El rol de los medios masivos de comunicación social ha sido uno de los elementos claves en el actual diseño de la sociedad tecnoburocrática de consumo dirigido[1]. No sólo en nuestro país sino en el mundo. La administración de la información –implícita o explícita- ha pasado a ser el campo de batalla más significativo para instalar el pensamiento único, bajo el velo de la libertad de prensa.

Esto por supuesto ha implicado que los medios tengan una participación activa (aunque implícita) en los procesos de educación no formal[2].

No sólo eso, sino que aquellos mantienen una profunda incidencia en la conformación de la opinión pública, lo que trae a la democracia actual uno de sus principales dilemas: ¿es la información un bien público factible de un proceso político de democratización efectiva; o es un bien privado sujeto a las leyes de mercado y, por ende, de concentración?.

La actual ley nacional de radiodifusión 22.285, además de la ilegitimidad de origen, auspicia un enfoque mercantilista, basado en la subsidiariedad del Estado. Un principio de fundamento teológico-filosófico del tomismo, utilizado por Hayek y Friedman para transformarlo en la base de la teoría neoliberal: “el Estado sólo tiene derecho a intervenir en caso de ausencia del Mercado”.

A nuestro entender, merece y debe, entonces, ser reformulada.

Esa reformulación justifica un amplio y profundo debate, dado que, si no se comprende este dilema, la toma de posiciones pasa a ser consecuencia directa de intereses económicos o de perspectivas políticas menores de los actores que intervienen. Pierde entonces sentido el debate público porque el escenario es, precisamente, el que montan los propios interesados en que “la ley no pase”[3].

Hablar de información pública es también explicitar su contravalor: la desinformación. Si los medios estuvieran involucrados con la verdad, como lo está la Universidad nacional pública, el planteo sólo se referiría a la distribución de licencias. Un tema casi formal y burocrático. Pero sabemos que no es así, los medios se involucran con los intereses.

En nuestra opinión la TV, los diarios y las radios forman (o deforman, si se permite la expresión) tanto como la propia institución educativa e inciden más que las familias en las concepciones de individuos y grupos. La tinellización crea más opinión[4] que la mejor cátedra de sociología, la superficialidad de los arquetipos comunicativos degrada el debate profundo de las ideas y el sesgo de los noticieros suplanta la más depurada plataforma de los partidos políticos. Con vulgaridad y con intereses creados se va construyendo una realidad y un discurso que justifica la necesidad de contraofensiva frente a cualquier intento de cambio.

Sin pluralidad de opiniones, sin diversidad de ideas y sin una efectiva libertad de expresión, los medios de comunicación son los principales actores del quietismo social aunque auspician el movimientismo conservador actual que propone el mesianismo de los autodesignados fundadores de la Patria.

Curiosamente, en lo que suele designarse como sociedad de la información, prevalecen los monopolios comerciales y políticos que la administran y cuyos enfáticos copetes tienden a sesgar las decisiones sociales, frente a la tan mentada referencia a la responsabilidad social empresaria, otro mito de los actuales planteos de cobertura de la realidad, que pareciera ceder frente a las ambiciones de las oligarquías mediáticas.

Por eso, estamos convencidos que los diputados y senadores de la Nación no se dejarán coaccionar por los espacios del poder económico, y confiamos en que debatan y legislen con una visión madura y bajo una perspectiva que oriente las instituciones públicas hacia el bien común de la sociedad argentina, que no necesariamente coinciden con los poderosos intereses particulares del orden establecido.

Jorge Manuel Gil, Rector.
Adolfo Genini, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales.
Stella Miguel, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas.
Juan Manuel Irusta, Decano normalizador de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
Daniel Barilá, Decano de la Facultad de Ingeniería.
Elsa Bonini, Vicerectora
Alberto Ayape, Secretario universitario de Extensión.
Silvia León, Secretaria universitaria General.
Adriana Nillni, Secretaría universitaria de Ciencia y Técnica.
Tulio Schadlich, Secretario universitario de Infraestructura, Obras y Servicios.
Norberto Larrocca, Secretario universitario de Administración.
Daniel De Lamo, Delegado Zonal de Puerto Madryn
Norberto Rodriguez, Delegado Zonal Esquel
Daniel Urie, Delegado Zonal Trelew


[1] La acepción es de Galbraith, J. K., “La cultura de la satisfacción”, Emecé Editores, 1996.

[2] También es cierto que esta circunstancia no ha sido suficientemente atendida por nosotros como investigadores, pedagogos y educadores.

[3] Los grupos mediáticos y algunas expresiones políticas.

[4] Debiera decir falsa conciencia.

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