El conflicto que causó otro conflicto


Durante los casi 100 días de protesta el Gobierno y el Campo mantuvieron una conflicto que tuvo vigencia en los medios nacionales porque tocó distintos aspectos estructurales de la República y la gobernabilidad. Una de los temas que involucró al campo de la comunicación argentina fue el reflote de la Ley de Radiodifusión, y las agresiones al Grupo Clarín.

La actual legislación data de años dictatoriales y la renovación es algo urgente. Sin embargo, resulta cuestionable el modo y el tiempo elegido por el Gobierno para renovarla. Desde los medios nacionales surgieron una serie de editoriales que intentaron sumar opiniones sobre tema, pero que lo único que hicieron fue reflejar un conflicto de intereses, en el que los actores que se los disputan.

En un comienzo, el Gobierno de Néstor Kirchner tuvo incidentes con la prensa. Los llamados telefónicos a las producciones, la negación a dar notas y entrevistas y las críticas constantes a las publicaciones fueron preocupación de organismos internacionales, quienes le pidieron mesura la Gobierno Argentino.

A los seis meses de gestión del Gobierno de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner retomó las agresiones a la prensa, y después de una ardua campaña en contra del grupo Clarín, anunció la reforma de la Ley 22.285 de Radiodifusión.

La necesidad de una nueva ley es reconocida desde hace tiempo por los actores del campo de la comunicación. La actual fue parida durante la última dictadura y establece el control de la información, entre otras cuestiones. Treinta y ocho proyectos se presentaron ante el Poder Legislativo para modificarla. Pero sólo el impulsado por el Gobierno tuvo apoyo del Estado.

El conflicto con las letras de molde obligó a los Kirchner enfrentarse al Grupo Clarín. Con los antecedentes de ambos gobierno Del Frente Para la Victoria, los medios nacionales reaccionaron cuestionando el proyecto oficialista.

La Nación y Clarín, en sus respectivas editoriales[1], mencionaron de libertad de prensa y expresión, como garantías constitucionales del sistema democrático. La Nación, por su parte, denunció la falta de oposición política identificable y la recurrencia de los Kirchner por las agresiones a la prensa, a través de coerciones directas e indirectas. Invocando a la democracia, cita a organismos internacionales como la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) y Freedom House para demostrar que las ataques gubernamentales se percibieron en el exterior.

Un concepto central, y peligrosamente usado es el de derecho de la infomación. Es una garantía constitucional, así como de los tratados internacionales, que establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones de toda índole, son consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”[2]. Sin embargo, lo que no menciona le diario es la contracara del derecho, es decir, las responsabilidades concernientes al medio. El derecho del informado a recibir información u opinión, a seleccionarlas, a contar con información veraz, etc. Garantías que deben ser resguardadas por el Estado como defensor de la sociedad.

La conglomeración de medios termina convirtiéndose en un aspecto contradictorio de la democracia cuando desde pocas voces se concentra la mayor cantidad de emisiones.

Mario Wainfeld le contesta desde una nota en Página/12, y reconoce las circunstancias de las reformas de la Ley como poco claras. Pero retoma, con buenos ojos, el debate y la discusión pública de una aggiornada reglamentación de la comunicación masiva. A su vez, menciona los intereses de los oponentes en pugna.

Para Bourdieu[3] dentro de cualquier campo existen agentes que mantienen una pelea simbólica por la ostentación del poder. Es decir, se enfrentar por mantener la hegemonía del campo. En este caso, si trasladamos la teoría de Bourdieu a la argentina podríamos decir que, en el campo de la comunicación se mantiene una lucha simbólica entre los agentes por el poder. El gobierno, al intentar modificar la Ley 22.285 busca, de alguna manera, “acomodar” las reglas que le permitan un ejercicio irrestricto de las estructuras sociales externas de campo comunicacional. Los medios, o multimedios, que ven amenazada su posición dentro del mismo campo, y a su vez, se arriesgan a la pérdida de recursos, utilizan sus bienes simbólicos como instrumento para formar una opinión pública contraria a la del gobierno.

El surgimiento de estos grupos multimediáticos responde a políticas económicas permisivas. Algunas implementadas desde el mismo gobierno que hoy pretende controlarlas. Poco después de haber debutado como presidente Kirchner prorrogas licencias de TV y Radio por diez años. Y aprobó públicamente en un acto la fusión de Multicanal y Cablevisión.

Los empresarios de medios ven amenazado su mercado por la ley que establece, según el artículo 43 que en igual área de cobertura, un mismo grupo no puede instalar “más de una (1) licencia de radio, una (1) de televisión y una (1) de servicios complementarios de radiodifusión, siempre que las dos primeras no sean las únicas prestadas por la actividad privada”.[4]

El gran diario argentino consiguió durante la gestión K La Voz le Interior, Radio Mitre, DirecTV, Canal 13, TyC Sport, Papel Prensa, Ciudad Internet, CTI, AGEA, etc., y demás industrias culturales que favorecen la producción de bienes simbólicos en pequeñas series y con un consumo personalizado. Se crean gran variedad de modelos que pueden ser impuestos en mercados distintos. Productos o servicios del Grupo Clarín copan el mercado.

En una nota, publicada en La Nación[5], por Adriana Puiggrós, Diputada Nacional por el Frente para la Victoria, se trata el tema de la regulación mediática desde una perspectiva educacional. Los medios de comunicación son recursos públicos, bienes sociales, a los cueles el estado tiene la obligación de preservar como tales y requieren de regulación estatal, dice Puiggrós.

En este sentido, la diputada oficialista concibe el control social de los medios como herramienta de prevención de la construcción de percepciones sobre el mundo, de valores éticos y políticos que no pueden ser dejados a la libre regulación del mercado, como parecen pretender Clarín y La Nación, quien publicó que “la mejor ley de prensa es la que no existe“. La estructura social, política y cultural[6] de la argentina entra en contradicción. La política que regula la distribución del poder y ejerce como juez en los conflictos, actualmente, aboga por sus reivindicaciones sectoriales encarnados en el oficialismo. Deja desprotegida la estructura social. El principio axial de la política es limitado, controlado.

El Grupo Clarín, multimedia consolidado desde la década de los ochenta, fue beneficiado con la prórroga de las licencias por el mismo gobierno que hoy bosqueja una nueva ley para limitar su radio de acción. Ambos socios de Papel Prensa disputan mediáticamente por la libertad de expresión vs. legislación anti monopolios.

Wainfeld concluye que de la polémica no saldrá una solución que satisfaga a ambos y retoma a Loreti, quien señala que la regulación de la actividad no sólo es mala sino, y además, está mal aplicada. Resultan paradójica las contradicciones: nueva regulación para un país que no respeta las leyes; un diario nacional que intenta resguardarse tras los conceptos de libertad de prensa y el derecho a la información cuando convalidaron prácticas peores en la dictadura; socios que mantienen campañas mediáticas de desprestigio sin embargo continúan haciendo negocios.

[1] “Obsesión por las Letras de molde” y “Reclamos por la libertad de Prensa”.

[2] Derecho a la Información. Cáp. 1, pág. 18.

[3] Las Prácticas Sociales. Estructuras Sociales Internas.

[4] Senales.blogspot.com, blog de comunicación, medios, cultura y más. Por Diego Genoud, Crítica de la Argentina

[5] Los Medios y la Educación.

[6] El advenimiento de la Sociedad Post-Industrial. Introducción. Daniel Bell.

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